En octubre de 1971, la entonces trabajadora social Rebeca Espinoza Cabañas redacta un pequeño escrito intitulado "Trabajo social y evolución del mismo en el medio hospitalario". En este pequeño escrito es donde relata la historia exacta del Departamento y donde aclara que el principal motivo por el cual existe, es el de conocer el nivel socioeconómico de las y los enfermos para obtener un pago justo hacia la institución, en concordancia con la atención recibida en su comunicación.
Las funciones primordiales a desempeñar por la oficina pueden concentrarse en:
Más tarde en el periodo comprendido de 1976 a 1984 las servidoras y servidores públicos, el cual era insuficiente, labora en forma independiente, sin un plan preconcebido, su actividad pasa desapercibida y su proyección a nivel institucional resultan nula.
El 1 de junio de 1984, María Cecilia Carmina Ruiz González es nombrada jefa del departamento de Trabajo Social; al entrar en funciones procuró elevar el nivel académico de las servidoras y servidores públicos, y modificar el método de trabajo que hasta ese entonces se había tenido. Por lo cual se diseñó un estudio social que reflejara la realidad de las personas beneficiarias, para captar la problemática de cada caso y a su vez conocer el estatus social de la o el enfermo.
En 1987, la dirección General autoriza dos plazas de trabajadoras sociales, facilitando que exista la rotación anual de las servidoras y servidores públicos por los diferentes servicios que eran: preconsulta, oficina central, terapia intensiva, hematología y urgencias.
El Departamento, de acuerdo con los cambios y la automatización de los sistemas del Instituto, propuso y realizó un estudio social inicial susceptible a la captura en computadora, con las ventajas que esto trae consigo para las 3 áreas de acción sustantiva (investigación, enseñanza y asistencia).
Las servidoras y servidores públicos del Departamento, han logrado incorporarse a otros departamentos (proporcionando atención social), con el objeto de brindar atención integral a las personas beneficiarias del Instituto, apoyados por los sistemas de informática implementados y colaborando con el manejo de la información de los mismos.
Por otra parte, la oficina de admisión de enfermos, se incorporó como parte del Departamento en el año de 1985, por acuerdo de las subdirecciones de medicina, cirugía y hospitalización, en virtud de que hasta ese momento se había manejado como oficina independiente, a fin de integrar el proceso de admisión al Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.
En octubre de 1999, se registran los cambios de la dirección de Medicina y la subdirección de Servicios Paramédicos, dependiendo el Departamento de esta última.
Para mayo del 2000, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, donde se registra a la institución como Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, derogándose la Ley publicada en diciembre de 1987. Por lo cual se someten a revisión las variables de clasificación socioeconómica, realizando un protocolo de investigación en el que participaron todos los Institutos Nacionales de Salud, que para entonces pertenecían a la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, sometiendo a pruebas de validez y confiabilidad dichas variables, logrando unificar las mismas, así como incorporándolas al Estudio Socioeconómico empleado en cada una de las instituciones.
En 2007, se pone en marcha el programa de Atención Social a Pacientes Hospitalizados, asignando a cada Trabajador Social uno o dos sectores de hospitalización de las áreas de Colectivos, a fin de proporcionar un servicio de asesoría y orientación a la persona beneficiaria, través de la detección de sus necesidades de salud y de la disponibilidad de recursos individuales, familiares y comunitarios; llevando a cabo la revisión de los casos por medio de la Supervisión Individual y Grupal, estableciendo el plan de intervención y el seguimiento, así como participando con el equipo interdisciplinario en el tratamiento integral.
Ese mismo año, se promueve la nivelación a licenciatura de las integrantes del Departamento que contaban con formación técnica, estableciendo un Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien estuvo a cargo de este proceso. Se incluyeron además Trabajadoras Sociales de otras instituciones del Sector Salud y Sector Educativo. Con ello, se logró la obtención del grado de licenciatura para toda servidora y servidor público; además, se han capacitado permanentemente, asistiendo a diversos diplomados y cursos de actualización, a fin de mantenerse al día en conocimientos para elevar la calidad de la intervención profesional.
En cuanto a investigación, se han manejado diversas líneas, como Perfil Social de la población del Instituto, Repercusiones Sociales de los Padecimientos, Satisfacción de los Pacientes con la Atención Recibida, Aspectos psicosociales de los Trasplantes, Validación del Instrumento de Clasificación Socioeconómica, Abuso y negligencia en el Anciano en el contexto familiar, El Efecto de los problemas Sociales en el Ciclo Sueño-Vigilia en Pacientes con dolor crónico; publicando algunos trabajos en revistas científicas como autoras o en colaboración.
En el 2010, se llevó a cabo otra revisión de las variables de clasificación socioeconómica entre las instituciones que conforman la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), participando en el Programa de Mejora de la Gestión de la Agenda Gubernamental del Buen Gobierno.
En 2012, se aplican las nuevas variables de clasificación socioeconómica en todas las instituciones de la Comisión hasta la fecha. Además, se puso en marcha el nuevo sistema informático institucional (INNSZnet) en donde el Departamento fue el que inició la captura de la información de las personas beneficiarias, ya que dicho sistema se enlazaba con el resto de las unidades administrativas.
El 27 de mayo de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten los Criterios Generales y la Metodología a los que deberán sujetarse los procesos de clasificación socioeconómica de Pacientes, en los establecimientos que presten servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud en las Entidades Coordinadoras por dicha Secretaría.
En 2015, el Instituto adquiere un nuevo sistema de expediente clínico electrónico, por lo que se migró la información de los Estudios socioeconómicos de INNSZnet a ehCos.
En abril del mismo año, se inició con la captura de la información en ehCos de las nuevas personas beneficiarias, así como ordenar los datos de los registros subsecuentes migrados debido a que la información quedó un tanto desfasada; no obstante, algunas de las unidades administrativas no han logrado incorporarse al nuevo sistema, por lo que los Trabajadores Sociales Operativos han tenido que trabajar simultáneamente en los dos sistemas, registrando únicamente en INNSZnet los datos de: nombre, número de expediente, fecha de nacimiento y nivel socioeconómico, para no afectar la operación de las unidades administrativas que no cuentan con ehCos.
Los Trabajadores Sociales Operativos se han incorporado al Comité de Trasplantes, específicamente al de hígado, en donde participan en la valoración de los casos de candidatos a esta opción, detectando recursos personales, familiares y comunitarios, redes de apoyo primarias y secundarias para evaluar las posibilidades de inclusión en el protocolo. Además, participan en los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) y en el Hospitalario de Bioética (CHB).
En 2018, se modificó el código funcional de los trabajadores sociales, y del grupo operativo, 12 de los 15 integrantes obtuvieron la categoría de "supervisor de trabajo social en área médica E", y en 2019, los 3 faltantes, obtuvieron esta misma categoría.
A finales de 2018 se oficializó el nombre del sistema del expediente clínico electrónico, a solución tecnológica integral (SOTECI) y el módulo del Departamento continúa actualizándose de acuerdo con los nuevos requerimientos que se han ido solicitando.
En marzo de 2020, el Instituto fue reconvertido para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, por lo que se hicieron las adecuaciones físicas en las distintas unidades administrativas del Instituto, y durante ese año se modificaron algunas de las actividades del Departamento.
Durante la contingencia, de acuerdo al decreto emitido por el ejecutivo federal, parte de las servidoras y servidores públicos del Departamento se retiró a su domicilio, debido a condiciones de vulnerabilidad, por lo que se llevó a cabo una redistribución de tareas para hacer frente a las nuevas actividades que se desarrollaron.
En los inicios de la pandemia, la Dirección de Medicina dio la indicación de recabar en forma telefónica sólo la información necesaria para la localización de los familiares, dejando pendiente el resto de la información del estudio socioeconómico, situación que se prolongó por aproximadamente 3 meses, y cuando las condiciones lo permitieron se recuperaron los datos faltantes; asimismo se recibió la indicación de que las personas beneficiarias con COVID-19 estarían exentos del pago de los servicios hospitalarios, por lo que se les aplicó el nivel 1X.
El Departamento fungió como enlace ante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), para la elaboración y el envío de los reportes del registro y atención de las personas beneficiarias con seguridad social, que ingresaron a hospitalización por COVID-19, así como las gestiones con las áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encargadas del padrón de derechohabientes, a fin de solicitar el apoyo de alguna consulta de esa institución y cumplir con la normativa de gratuidad para las personas carentes de seguridad social.
El 24 de septiembre de 2020, la jefa del Departamento fue designada para coordinar el programa institucional para la atención a víctimas, referidas por la comisión ejecutiva de atención a víctimas.
Las servidoras y servidores públicos del Departamento, realizaron actividades de enlace entre los familiares y las médicas y médicos mediante llamadas telefónicas, proporcionando la contención necesaria a la familia, debido a las restricciones que se instituyeron e informando al familiar acerca de la evolución de la persona beneficiaria a través de la comunicación con la médica o el médico tratante.
Temporalmente se colaboró en el resguardo y entrega de pertenencias de personas beneficiarias con COVID-19, implementando un control de las mismas, llevando a cabo las gestiones de localización y entrega a la persona responsable de la persona beneficiaria, así como la recepción de artículos de aseo personal. Es importante mencionar que se recibieron donativos en especie de algunos de estos productos que fueron canalizados de la dirección General y que se hicieron llegar a las personas beneficiarias hospitalizadas.
Se colaboró temporalmente por solicitud de la dirección de Medicina, la validación de la información para la entrega de medicamentos a las personas beneficiarias.
El 1 de diciembre de 2020, se modifican los numerales cuatro y sexto del anexo único del acuerdo, por el que se emiten los criterios generales y la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de clasificación socioeconómica de pacientes, en los establecimientos que presten servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades coordinadas por dicha Secretaría, publicado en el diario oficial de la federación el 27 de mayo de 2013, que establece la exención de pago por los servicios que se otorgan en la institución a aquella población que no cuente con seguridad social, recayendo en trabajo social el registro de la derechohabiencia o la carencia de ella en el sistema informático, por lo que se solicitó la apertura de un nuevo campo en el nivel de clasificación, agregando la letra "E", a fin de que el departamento de Tesorería identificara a las personas beneficiarias acreedoras a este beneficio, y emitir el recibo de gratuidad correspondiente, o en caso contrario, efectuar el cobro de los servicios proporcionados.
Inicialmente se solicitó la presentación de las constancias de las instituciones para avalar la existencia o no de la derechohabiencia; sin embargo, posteriormente, se recibió la indicación verbal de la dirección de Administración y de la subdirección de Servicios Paramédicos de no solicitarlas, y se elaboró un formato en conjunto con las unidades administrativas ya mencionadas, que requisita la persona beneficiaria bajo protesta de decir verdad, si cuenta o no con este beneficio.
Se continúa aplicando y actualizando el estudio socioeconómico a todas las personas beneficiarias que ingresan al Instituto y subsecuentes, con la finalidad de contar con la información sociodemográfica de la población usuaria. En aquellos casos que cuentan con seguridad social, el estudio cumple con el objetivo de asignar el nivel que corresponda para el pago de las cuotas de recuperación institucionales.